La distancia temporal hasta el retiro laboral continúa ampliándose en España. Una investigación de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) confirma que, quince años después de su entrada en vigor, la reforma del sistema de pensiones aprobada en 2011 durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero ha provocado un aplazamiento medio de ocho meses en la edad real de jubilación de los trabajadores españoles. Sin embargo, el dato más revelador es la brecha de género: mientras las mujeres se ven obligadas a prolongar su vida laboral aproximadamente diez meses, los hombres solo retrasan su retiro unos tres meses, lo que representa una diferencia de siete meses entre ambos colectivos.
Las claves de la reforma de 2011 y sus consecuencias
La legislación aprobada hace década y media introdujo modificaciones estructurales diseñadas para garantizar la viabilidad financiera del sistema público de pensiones ante el envejecimiento progresivo de la población. La medida estrella consistió en elevar de forma escalonada la edad legal de jubilación desde los 65 hasta los 67 años, un cambio que se completará en 2027. Paralelamente, se incrementó el número de años de cotización necesarios para acceder al cien por cien de la prestación y se establecieron incentivos para quienes prolongasen su trayectoria profesional. Asimismo, se permitió mantener el retiro a los 65 años para aquellos trabajadores capaces de acreditar un historial de cotización especialmente extenso.
No obstante, esta última excepción reproduce y amplifica las desigualdades preexistentes en el mercado laboral. El informe de Fedea subraya que las mujeres suelen presentar carreras profesionales más cortas e interrumpidas debido a las responsabilidades de cuidado familiar, las excedencias por maternidad, los periodos de inactividad laboral y su mayor presencia histórica en empleos a tiempo parcial. Como consecuencia directa, una proporción significativa de trabajadoras no alcanza el umbral de años cotizados exigido para beneficiarse de la jubilación anticipada, viéndose forzadas a permanecer en activo hasta cumplir la nueva edad legal.
Impacto desigual y pensiones más bajas para las mujeres
Esta situación genera un doble perjuicio para la población femenina. Por un lado, deben prolongar obligatoriamente su actividad laboral durante más tiempo. Por otro, cuando finalmente acceden al retiro, sus pensiones resultan de menor cuantía debido a trayectorias de cotización más débiles y fragmentadas. Esta circunstancia convierte el sistema de pensiones en un espejo de las brechas de género existentes en el ámbito profesional, perpetuando desigualdades económicas durante la etapa de jubilación.
El volumen total de pensionistas de jubilación en España alcanzó los 6,5 millones en 2025, según datos de la Seguridad Social. Esta cifra crece año tras año impulsada por varios factores: el envejecimiento demográfico, la llegada al retiro de las generaciones del baby boom —especialmente numerosas— y la elevada esperanza de vida del país, que se sitúa entre las más altas del mundo. En concreto, las mujeres españolas viven de media 86,5 años, mientras que los hombres alcanzan los 81,4 años. Las altas de jubilación registradas reflejan esta tendencia: en 2023 se contabilizaron 326.949 nuevos retiros, cifra que ascendió a 368.065 en 2024 (un incremento del 12 por ciento) y alcanzó un récord histórico de 375.324 altas en 2025. Organismos como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) anticipan que esta escalada continuará durante los próximos años.
Nuevas fórmulas de jubilación: flexibilidad y retorno al trabajo
En paralelo a estos desafíos estructurales, el Gobierno ha impulsado en los últimos años diversas modalidades alternativas de jubilación con el objetivo de facilitar la transición entre la vida laboral activa y el retiro definitivo. Una de estas fórmulas es la jubilación parcial, que permite al trabajador reducir su jornada laboral y su salario de forma propproporcional mientras percibe simultáneamente una parte de su pensión. Recientemente, el Congreso de los Diputados aprobó recuperar esta modalidad para el personal laboral del sector público, excluyendo a los funcionarios. La normativa establece que, para sustituir al jubilado parcial, debe priorizarse la contratación de personal laboral fijo y, solo en caso de imposibilidad, recurrir a contratos temporales. Esta medida reactiva miles de jubilaciones parciales que habían quedado bloqueadas desde 2025.
Otra novedad relevante es la jubilación flexible, regulada por el Real Decreto 416/2026, que entró en vigor el 28 de agosto. Esta modalidad está dirigida a pensionistas que desean reincorporarse al mercado laboral compatibilizando parte de su pensión con un empleo. La norma amplía el rango de jornada parcial permitida para trabajadores por cuenta ajena, que pasa de un intervalo del 25-75 por ciento de la jornada ordinaria a uno del 33-80 por ciento. Además, extiende esta posibilidad a los trabajadores autónomos e introduce incentivos económicos para quienes opten por volver a la actividad tras jubilarse. Estas medidas buscan no solo ofrecer mayor libertad a los pensionistas, sino también aliviar la presión sobre las arcas de la Seguridad Social.
El peso de las pensiones en el presupuesto público
El coste de las pensiones representa la partida más voluminosa del presupuesto del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Durante los seis primeros meses de 2026 —últimos datos oficiales disponibles—, el departamento dirigido por Elma Saiz destinó 82.000 millones de euros al pago de las diferentes prestaciones. De esta cifra, 60.859 millones se emplearon específicamente en abonar las nóminas de los jubilados, lo que equivale al 74,2 por ciento del gasto total. Este dato evidencia la magnitud del desafío financiero que enfrenta el sistema público de pensiones y subraya la importancia de las reformas estructurales para garantizar su sostenibilidad a largo plazo.
En clave: Por qué importa
El aplazamiento progresivo de la edad de jubilación no es un fenómeno neutral: su impacto varía significativamente según el género, reflejando y agravando las desigualdades laborales existentes. Las mujeres, que históricamente han enfrentado mayores dificultades para mantener carreras profesionales continuas y bien remuneradas, sufren un doble castigo: deben trabajar más tiempo y cobran pensiones más bajas. Este hecho plantea interrogantes sobre la equidad del sistema y pone de manifiesto la necesidad de políticas complementarias que corrijan estas brechas. A medida que el envejecimiento demográfico avanza y las generaciones más numerosas alcanzan la edad de retiro, el equilibrio financiero del sistema de pensiones se convierte en uno de los retos económicos y sociales más urgentes para España. Las nuevas modalidades de jubilación flexible y parcial pueden ofrecer cierto alivio, pero no sustituyen la necesidad de abordar las desigualdades estructurales que penalizan especialmente a las trabajadoras.
